El Gobierno nacional presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia por presunto espionaje ilegal contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tras la difusión de audios correspondientes a una reunión privada en Casa Rosada realizada el año pasado.
La presentación fue realizada por el Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, y apunta a periodistas, dirigentes vinculados al fútbol y hasta a una presunta red de inteligencia rusa.
En la denuncia se mencionan nombres como el periodista Jorge Rial, el dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Pablo Toviggino y una supuesta organización de espías rusos identificada como «La Compañía».
La denuncia contra periodistas, un canal de streaming y un hombre fuerte de AFA
El Ejecutivo pidió a la Justicia que se investigue a los responsables del programa «Data Clave», transmitido por el canal de streaming «Carnaval», espacio desde el cual se difundieron los audios de Karina Milei. El mismo medio había revelado previamente declaraciones de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sobre presuntas coimas.
El escrito oficial señala a Toviggino como propietario del canal y lo describe como «opositor declarado del Gobierno Nacional y de las ideas de la Libertad que reivindican el Presidente de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia». También se lo vincula políticamente al excandidato Sergio Massa.
El Gobierno incluyó en su acusación a Jorge Rial, definido como «tradicional operador mediático que adelantó la existencia de videos durante el transcurso de su propio programa, transmitido en el mismo canal». También fueron señalados Mauro Federico, conductor del ciclo donde se difundieron los audios, y Pablo Giménez, responsable del portal Data Clave.
En el texto se recuerda que el propio Javier Milei ya había demandado por injurias a Rial y a Federico por sus comentarios sobre los perros del Presidente.
«Resulta evidente que el canal de streaming ‘Carnaval’ se creó con el único objeto de molestar y chantajear a los integrantes de la actual gestión de gobierno. Lo que empezó como la búsqueda de información vinculada con cuestiones personales del Presidente, como sus perros, hoy se convirtió en una maniobra de espionaje ilegal y chantaje», sostiene la denuncia.
Y agrega: «El canal mencionado es una herramienta para difundir información que perjudique al gobierno de turno, primero afectando la reputación de sus integrantes y, luego, utilizándola para cuestiones extremadamente graves, como la difusión de presuntos audios que tuvieron origen en el marco de una reunión privada entre los integrantes del gobierno».
El señalamiento a Franco Bindi y Marcela Pagano
El escrito también apunta contra Franco Bindi, abogado y pareja de la diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza. Lo describe como «ligado a agentes inorgánicos de inteligencia» y recuerda que estuvo mencionado en diferentes causas judiciales.
«La pesquisa deberá determinar si Franco Bindi pudo haberse desempeñado como autor intelectual en algunos tramos de la maniobra, y como partícipe necesario en los restantes, aprovechando sus relaciones en el mundo de los servicios y su presencia en los medios de comunicación», indica el documento oficial.
El capítulo de espías rusos: «La Compañía»
En otro tramo, la denuncia hace referencia a un informe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de junio pasado, donde se advertía sobre un grupo de ciudadanos rusos y argentinos acusados de realizar actividades de espionaje. Allí se menciona a Lev Konstantinovich Andriashvili y a su esposa Irina Iakovenko, quienes habrían liderado una red llamada «La Compañía».
De acuerdo a la presentación, Andriashvili «sería el encargado del vínculo con los contactos radicados en Rusia, el receptor del financiamiento y el promotor de los vínculos con los colaboradores locales».
Según el Gobierno, ese grupo «crea y difunde contenido en redes sociales, influye en organizaciones civiles y obtiene información política relevante para ser usada a favor de Rusia».
La denuncia concluye que «los hechos denunciados en el presente escrito revisten una marcada similitud con las actividades desplegadas por la organización desenmascarada por los servicios de inteligencia nacionales y podrían ser parte de una operación sistematizada de largo plazo», aunque no ofrece pruebas directas del vínculo entre esa red y la difusión de los audios de Karina Milei.