Desde que asumió, Guillermo Francos ha visitado cuatro veces el Congreso. El artículo 101 de la Constitución Nacional le exige una visita mensual para informar sobre la gestión del Gobierno. El ministro coordinador ya cumplió un año en el cargo. El 3 de junio de 2024 reemplazó a Nicolás Posse, que solo pudo realizar un informe en el Senado. En los 12 meses que Francos lleva en el cargo, solo fue cuatro veces al Congreso. En dos de ellas se fue antes. El 4 de septiembre, cuando fue por primera vez a la Cámara de Diputados, se retiró ante una oposición que se negaba a continuar con la sesión ante la represión policial contra una de las primeras marchas de jubilados. Este jueves se ofendió en el Senado, durante la segunda visita que realizó a ese recinto. La fueguina Cristina López, de Unión por la Patria (UxP), lo trató de “mentiroso”, y el funcionario agarró sus cosas y se fue. Volverá el próximo miércoles, cuando concluya el cuarto intermedio que acordaron para superar la situación y evitar que el portazo termine por enterrar el informe 143 de gestión.
Sin embargo, las acusaciones de la senadora por Tierra del Fuego son solo el anticipo de las pulseadas que le esperan al oficialismo en las próximas semanas. Hasta la semana pasada, el foco de la Casa Rosada estaba puesto en retomar la iniciativa para mitigar la centralidad que ganó Cristina Fernández de Kirchner tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena en su contra. El punto de partida estaba puesto en la Cámara baja para conseguir los votos que permitan la aprobación de la “ley de inocencia fiscal”, que implica dos reformas a la ley penal tributaria y de procedimiento tributario para concretar los beneficios fiscales a quienes decidan utilizar los dólares ahorrados y no afrontar nuevos problemas con el fisco. La hoja de ruta se alteró esta semana en la última reunión que mantuvieron los 23 gobernadores junto al jefe de Gobierno porteño en el Consejo Federal de Inversiones. Los mandatarios pactaron llevar al Congreso las diferencias presupuestarias que no han podido resolver durante un año y medio. Antes de pisar el Senado este jueves, Francos ya sabía que la negociación con los gobernadores se había complicado y que decidieron medirse en el Congreso con las controversias que siguen sin respuesta.
Aunque se esperaba que el proyecto ingrese por la Cámara baja, uno de los redactores de la iniciativa aseguró a PERFIL que el texto ingresará por el Senado, donde los gobernadores de todo pelaje buscarán cristalizar una demostración de fuerza contra el Gobierno. La ofensiva avanzará esta semana y, por sobre todo, trastocará los planes del oficialismo para conseguir un veloz tratamiento de la “ley de inocencia fiscal”. Hubo 17 gobernadores que firmaron acuerdos de cooperación con el ARCA para avanzar con el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, pero esos mismos mandatarios ahora firmaron el proyecto para que el Gobierno reparta los Aportes al Tesoro Nacional entre todas las provincias y que haga lo mismo con las partidas del impuesto a los combustibles destinadas al mantenimiento de las rutas nacionales.
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El destinatario directo de ese reclamo es Francos y durante las cuatro horas y media que permaneció recibió una serie de cuestionamientos sobre la situación del Hospital Garrahan y el veto a la ley de emergencia para Bahía Blanca. Pero el mar de fondo es la pelea presupuestaria con la Nación que ahora reunió a mandatarios peronistas, cristinistas, radicales y macristas, en una coordinación inesperada para el Gobierno que se encamina a dejar a Milei al borde de un nuevo veto presidencial en caso de que la iniciativa sea aprobada en el Senado y luego girada a Diputados para que los mismos gobernadores muevan los resortes para propinarle una nueva derrota al Gobierno. “Esperamos reabrir la negociación, pero no queremos que nos mientan más”, confió una alta fuente provincial, ahora empoderada en condicionar a Milei desde el Congreso.