El proyecto para modificar la Ley de Glaciares, un objetivo central del gobierno de Javier Milei, inicia su camino en la Cámara de Diputados la próxima semana con una audiencia pública de dos días que arranca envuelta en polémica, ya no solo por el contenido de la reforma sino por una medida cautelar presentada por varias agrupaciones ambientalistas contra el sistema que dispuso el oficialismo para esas jornadas, junto a un pedido para que haya veedores judiciales.
La iniciativa tuvo media sanción del Senado en las sesiones extraordinarias de febrero, pero en Diputados advirtieron la necesidad de realizar una audiencia pública antes de pasar al debate y la votación de los legisladores, dada la gran cantidad de objeciones por parte de entidades de todo el país y de la oposición hacia el eje central del proyecto, que busca redefinir las áreas periglaciales y reducir así las zonas de exclusión para la actividad minera.
La audiencia se fijó para los días 25 y 26 de marzo y generó tanto interés que hasta el momento se anotaron para participar casi 100 mil personas. Por esa razón, las autoridades de la Cámara baja idearon un sistema alternativo en el que solo se escucharán en esas jornadas a 200 expositores (el primer día de forma presencial y el segundo por videoconferencia).
Al resto se los invita a suscribirse al canal de YouTube oficial de Diputados y cargar un video en su propia cuenta con la ponencia que quieren realizar en la audiencia pública para compartirlo con el canal oficial, donde deberán anotar sus datos personales. Además, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (LLA) decidió acotar a las exposiciones de los primeros inscriptos por provincia.
Estas decisiones de las autoridades fueron las que llevaron a fundaciones ambientalistas a exigir una medida cautelar en la Justicia contra las audiencias públicas para modificar el esquema, solicitar la presencia de veedores judiciales en la Cámara baja y advertir que impulsarán una acción de fondo para pedir que se declare la nulidad de la medida adoptada por los presidentes de las comisiones.
La cautelar recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico. El escrito fue presentado por la Fundación Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
En la medida solicitan «la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas».
«En particular, se requiere que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral -como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a youtube- por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública», agrega el texto.
Asimismo, solicitaron la designación de veedores judiciales que supervisen la audiencia tanto presencial como virtual «a fin de garantizar su adecuada realización conforme a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú«, que es el tratado ambiental de América Latina y el Caribe -vigente desde 2021- para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales y tiene carácter vinculante.
Las agrupaciones advirtieron que esta medida cautelar se plantea «de forma previa a la acción de fondo en la que se peticionará la declaración de nulidad de la comunicación y decisión adoptada por los presidentes de las Comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que pretende suplantar la participación oral».
¿Puede ser nulo el procedimiento y trabar el avance de la reforma de la Ley de Glaciares?
Ocurre que las fundaciones que accionaron en la Justicia señalaron que «para el caso de no poder garantizarse de modo inmediato el derecho de participación en condiciones adecuadas, se solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar que disponga la suspensión del trámite parlamentario y del debate en el recinto del mencionado proyecto de ley, hasta tanto se respete el principio de oralidad y la participación social integral».
Por esa razón, reclamaron darle celeridad al tratamiento de la medida ante «el peligro inminente que acecha sobre la participación social y la libertad de expresión de la ciudadanía, la cual podría verse censurada por una ilegal conducta estatal». En su argumento, señalaron que si se permite la modalidad que dispuso el oficialismo «las audiencias públicas se verán convertidas en un mero simulacro de participación» que violará el «derecho vigente».
Los peticionantes reconocieron que hay la «extraordinaria cantidad de personas inscriptas configura sin duda un desafío organizativo para el desarrollo de la audiencia pública», pero consideraron que eso «no puede erigirse en fundamento válido para restringir el derecho de participación previamente reconocido a la ciudadanía».
Además, consideraron «sumamente extraño que se apresure tanto el procedimiento cuando no existe ninguna explicación en los fundamentos del proyecto de ley de por qué motivo se busca debatir a las apuradas».
La decisión final queda en manos del juez Lavié Pico, pero en caso de rechazar la medida solicitada Greenpeace y las otras fundaciones ambientales avanzarán con el planteo de nulidad que apunta a impedir que la Cámara de Diputados continúe con el tratamiento del proyecto, lo que sin dudas metería ruido en el debate por delante.
Qué hará el Gobierno frente a las objeciones
De todas formas, es difícil que el oficialismo y los bloques aliados retrocedan en su interés de aprobar lo antes posible la reforma de la Ley de Glaciares. En primer lugar, porque el proyecto ya tuvo media sanción en el Senado. La votación fue 40 votos afirmativos contra 31 negativos, ajustada para los números de la Cámara alta, pero aún así anticipatoria del consenso que reuniría en Diputados.
El motivo central es que el cambio en la norma que le transfiere a las provincias la potestad de definir la zona periglacial fue un pedido concreto de los gobernadores de Catamarca, San Juan, Salta y Mendoza, donde la minería es una actividad económica central. Los mandatarios ganarán poder para negociar proyectos de inversión.
Además, el Gobierno nacional también pone la mira en el ingreso de dólares frescos que generaría ese cambio en la ley actual. Según los cálculos de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), hay alrededor de u$s30.000 millones que esperan por un marco normativo que les dé certidumbre para volcarse en el país.
Y a eso se le suma la postura ya no tan pragmática sino ideológica de Milei sobre la relación entre ambiente y economía. Si bien se expresó varias veces sobre el tema, en su visita del último jueves a Tucumán dejó una definición llamativa al señalar: «Con esto de cuidar a la tierra con el ambientalismo idiota, entonces hay que destruir al ser humano porque ‘rompe el planeta’… ¿Y para qué está? ¿Para qué nos dio el creador el planeta, para contemplarlo?».
Puntos principales del proyecto para cambiar la Ley de Glaciares
El eje central de la modificación que se propone para la Ley 26.639, de Presupuesto Mínimos para la Protección delos Glaciares y del Ambiente Periglacial es la transferencia de la Nación a las provincias de la potestad para definir el ambiente periglacial, que constituye la zona de exclusión para la explotación minera.
La intención es redefinir qué área es periglacial para que las restricciones a la minería se apliquen específicamente a las formaciones geológicas que cumplen una función hídrica relevante. De acuerdo al texto, la protección se centraría solo en las áreas que la autoridad provincial determine que contienen recursos hídricos «estratégicos» o «relevantes». significativos, dejando sin resguardo a otros.
El argumento central del oficialismo y de los gobernadores es que si bien hay geoformas que son fáciles de identificar y que sin duda se encuentran protegidas, otras no son indudablemente origen de cursos de agua. Esto sucede sobre todo con el ambiente periglacial, donde hay formaciones que son más de un 80% roca y que pueden contener o no agua.
En ese marco, el proyecto elimina la prohibición absoluta de realizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas de ambiente periglacial, dado que las provincias tendrán la facultad de actualizar el inventario de esas áreas y permitir la explotación en lugares que antes estaban protegidos. Las prohibiciones serán reemplazadas por estudios de impacto ambiental que también estarán a cargo de cada provincia.
Los sectores de la oposición que rechazan el proyecto no solo plantean la cuestión de la protección ambiental y los cursos de agua, sino también eventuales problemas jurisdiccionales. Al respecto, uno de los senadores que votó en contra de la iniciativa indicó a iProfesional: «Supongamos que un gobernador toma una medida para atraer inversiones mineras que afecta un cause de agua que pasa por otra provincia y la perjudica, ¿qué se hace en ese caso?».
De esta forma, hay sectores de la oposición que consideran que el proyecto tiene baches o zonas grises por resolver. Esto formará parte del debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares que se viene en la Cámara de Diputados, aunque la polémica está planteada ya desde el paso previo que son las audiencias públicas, con la medida cautelar y la posibilidad de futuras presentaciones judiciales para declarar nulo el procedimiento y trabar así la sanción de la nueva norma.