La Oficina de Respuesta Oficial, la cuenta de X perteneciente a Presidencia que responde todos los cuestionamientos y preguntas vinculadas a la gestión del gobierno nacional, se refirió sobre la inflación que aqueja al país y subrayó ciertas apreciaciones de la llamada «inflación mayorista». «En febrero de 2026, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba de 0,979% mensual, perforando el 1% y comenzando con 0, como había predicho el Presidente Javier Milei. Los precios mayoristas son el mejor indicador para predecir lo que viene a futuro en minoristas, índice que aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios», destacó el órgano digital.
A continuación la Oficina señaló: «Se trata de la menor variación mensual del índice de precios mayoristas desde mayo de 2025, cuando había registrado una baja del 0,3%, y confirma el proceso de desinflación que está en marcha. Este resultado es consecuencia directa de un programa económico sólido basado en orden fiscal, disciplina monetaria y fin de la emisión para financiar al Tesoro». Junto con el mensaje, la cuenta compartió una imagen que reafirma el mensaje y aclaró que las cifras fueron confirmadas por el ministerio de Economía de la Nación.
La inflación mayorista es un concepto técnico que describe la variación de precios en las etapas previas a la venta al consumidor final: mide cuánto cambian los precios a los que los productores e importadores venden bienes entre sí o a intermediarios, antes de que estos productos lleguen a las góndolas y servicios a los hogares. Es decir, rastrea el movimiento de precios en la cadena de producción, sin incluir el margen de venta minorista ni muchos servicios, y por eso sirve como indicador adelantado de presiones inflacionarias en una economía.
Técnicamente, se calcula a través de índices como el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) del INDEC, que reflejan la evolución de bienes nacionales e importados respectivamente. En el país, tras años de inflación crónicamente alta, los datos oficiales muestran que la inflación mayorista ha registrado algunas de las tasas más bajas, incluso con registros puntuales de deflación mensual, como ocurrió en mayo de 2025, cuando el índice cayó 0,3% por primera vez en mucho tiempo. Ese descenso forma parte del proceso de desaceleración de precios que el gobierno ha promovido con ajustes fiscales, restricción monetaria, flotación del tipo de cambio e importantes recortes de subsidios.
Según los especialistas, la baja de la inflación mayorista en Argentina se explica fundamentalmente por tres factores económicos interrelacionados. La contracción de la demanda agregada, refiriéndose a las tasas de interés altas, control del gasto público y menores subsidios, se reduce la cantidad de dinero y el consumo, lo que presionó a la baja la capacidad de las empresas para trasladar aumentos de costos. En segundo lugar, los ajustes de precios relativos como la eliminación de distorsiones cambiarias y subsidios.Por último, la estabilidad cambiaria como política de flotación monetaria.
Por otro lado, la relación entre los distintos indicadores de inflación se ha vuelto objeto de debate en Argentina, especialmente tras la polémica en torno a cómo se mide el IPC oficial. El Gobierno informó que la inflación mensual en enero de 2026 fue del 2,9% y la interanual se ubicó alrededor del 33,1%, cifras presentadas como evidencia de desaceleración. Sin embargo, diversas consultoras privadas estiman que el aumento real de precios puede estar ligeramente por encima de las cifras oficiales: en febrero de 2026 algunas proyectaron una inflación mensual de hasta 3% para ese mes, con especial presión en alimentos y servicios.
Más aún, estudios privados prestigiosos, como los que han difundido sindicatos, académicos y economistas independientes, sostienen que la inflación “real” —si se actualizara la canasta de bienes y ponderaciones de consumo con datos recientes— sería significativamente más alta que la oficial. Por ejemplo, una reconstrucción basada en ponderadores actualizados muestra que, en múltiples meses, la inflación real habría estado entre 10 y casi 40 puntos porcentuales por encima del IPC oficial, resultado de la utilización de una encuesta de gastos de hogares antigua y ponderaciones que ya no reflejan la estructura del consumo actual.
Ese debate metodológico se convirtió en escándalo político y técnico a comienzos de este año. El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, presentó su renuncia en febrero tras más de seis años al frente del organismo, en medio de tensiones por la implementación de una nueva metodología para medir la inflación. Lavagna había impulsado un índice con ponderadores y encuestas más recientes que contemplaban mejor el peso actual de servicios como electricidad, gas e Internet en el gasto familiar, pero el Gobierno decidió posponer indefinidamente la adopción de ese nuevo cálculo alegando que debía esperar a una consolidación de la desaceleración inflacionaria.
La renuncia derivó en acusaciones de manipulación de datos estadísticos por parte de sectores críticos, que argumentan que la postergación y el uso de metodologías antiguas permiten subestimar la inflación real, con impactos políticos y económicos, incluidos efectos en salarios, jubilaciones y contratos indexados. Por su parte, la administración mileista negó cualquier interferencia política y presentó la salida de Lavagna como parte de una transición técnica, aunque la controversia reavivó recuerdos de disputas pasadas sobre la credibilidad de los datos oficiales.