Consultados por el escándalo en curso en torno a los recursos económicos que manejaba el Juzgado contravencional Nº1 a cargo de Matías Ustarez y su destino, el presidente de la bancada de la izquierda expresaba, “esto es un escándalo de proporciones aún desconocidas, estamos hablando de un funcionario que no puede explicar como en su repartición ocurría el cobro de multas ilegales durante 8 años y se montó una estructura para hacer caja paralela”.
Y agregó, “Este señor fue designado por el ex gobernador Morales cuando inició la creación de un aparato persecutorio de opositores, sindicalistas y todo aquel que hubiese levantado una voz contraria, lo consiguieron a fuerza de represión e imponiendo esos cobros indebidos y que para colmo ahora se conoce que toda esa enorme masa de recursos iba a parar a manos de quién sabe”.
Recordamos que en 2024 el estado provincial recaudó en concepto de multas $1.947.913.999 y destinó al funcionamiento del juzgado contravencional $388.244.871 según información de la Cuenta de Inversión publicada por el gobierno provincial.
En otro tramo de la conversación nos comentaba de la sencillez para determinar si hubo o no malversación, decía: “esto es muy simple, cualquier persona que sepa sumar y restar podría auditar esto, tenemos que tener registros de las actas que cobraron, ese dinero tendría que haber ingresado a una cuenta del juzgado y de ahí a la cuenta única que maneja el ministerio de Hacienda. Los saldos del juzgado deberían ser iguales a los saldos que ingresaron a Hacienda, si no es así, alguien se quedó con plata que no le correspondía”.
Al respecto y entrando en su análisis sobre la investigación, comentaba, “no creemos que exista la voluntad política de llegar al fondo de la cuestión, no creemos que la justicia a medida que armó Morales vaya a investigar y menos a juzgar a uno de sus alfiles en lo que fue el montaje de una estructura de persecución y restricción sobre las libertades democráticas”. Continuó, «nosotros vamos a exigir de manera formal que la Legislatura convoque a los funcionarios del Ejecutivo que tengan que venir a dar explicaciones, esto no se resuelve solamente con una renuncia. Acá tienen que dar explicaciones funcionarios de Hacienda y de Seguridad”.
Refiriéndose al grave hecho, en otro trama de la charla, la diputada Natalia Morales expresaba, “nosotros venimos expresándonos en contra de este modelo de justicia administrativa que creó Gerardo Morales para perseguir, por cuestiones de forma y de fondo, recordemos que se utilizó esta maquinaria para perseguir a estudiantes que rechazaban el cierre de sus institutos, se persiguió a los obreros de La Esperanza que se opusieron a la maniobra burda de entrega del ingenio, se persiguió a dirigentes sindicales, a las vendedoras y vendedores ambulantes, en fin, a un pueblo entero que le dijo no a la Reforma.»
En sentido continuó con su análisis, «lo agravante de esto es que el actual gobernador Sadir la sigue utilizando como una continuidad disciplinadora. Ahora queda a las claras que esa herramienta, que a todas luces es inconstitucional, también se la utilizó para fines particulares, para recaudar plata que vaya a saber donde está. Es plata que les fue confiscada a jujeños, que ahora está en los bolsillos de alguien y no tuvo el destino que nos dijeron”.
Al momento de expresar las medidas que adoptarían como bloque comentaba, “vamos a ingresar los pedidos de interpelación que hagan falta para que acá quede claro quién se llevó toda esta plata y bajo las órdenes de quien se manejaba, pero creemos que no sólo es una cuestión administrativa y de cambio de caras, este Código tiene que caer, es contrario a la Constitución Nacional y no se puede estar bajo sus normativas ni un día más; vamos a volver a ingresar el proyecto de ley para su derogación por lo que expresaba anteriormente y ahora porque está a la vista que es una estafa al pueblo.”