El Gobierno oficializó este jueves la aprobación de una reestructuración en la Procuración del Tesoro de la Nación, que fija cambios en el organigrama y elimina organismos como la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.Los hizo luego de que este miércoles activara una purga luego de detectar posibles filtraciones vinculadas a la causa que enfrenta el Estado argentino con el fondo Burford por la estatización de YPF.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto 475/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La resolución no solo introduce modificaciones en el organigrama interno del organismo, sino que también establece la disolución de estructuras existentes, entre ellas la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
La decisión se conoció al día siguiente de que el Gobierno anunciara la desvinculación de 60 funcionarios de la Procuración. Según fuentes oficiales, esta depuración interna se justifica por razones de «eficiencia operativa«, aunque detrás también hay sospechas de filtraciones que habrían perjudicado la estrategia judicial argentina en el juicio por la estatización de YPF, en manos de la jueza estadounidense Loretta Preska.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Entrega de acciones de YPF: Estados Unidos apoyará a la Argentina para que se suspenda el fallo de la jueza Preska
“Claramente hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial del Gobierno”, confió una fuente del Ejecutivo. En sectores del oficialismo creen que la maniobra buscó favorecer al fondo Burford, principal demandante en la causa por la expropiación de la petrolera estatal realizada en 2013.
Qué se sabe sobre las filtraciones en el caso YPF
En los últimos días, creció la inquietud dentro de la Procuración del Tesoro debido a la difusión de datos sensibles sobre estrategias judiciales que, según se afirma, no contaban con la autorización de las autoridades superiores del organismo.
La depuración vinculada a las sospechas por el caso es encabezada por Santiago Castro Videla, actual número dos de la Procuración bajo el gobierno libertario. Castro Videla asumió su cargo en febrero, tras la sorpresiva salida de Rodolfo Barra.
“Estamos convencidos de que hubo filtraciones en la causa YPF”, aseguraron fuentes de Casa Rosada. También remarcaron que la Procuración gestiona litigios que involucran miles de millones de dólares, por lo que cualquier filtración de estrategias confidenciales podría provocar un grave perjuicio para las arcas del Estado.
Cupón PBI: la Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina y evitará pagar US$ 450 millones
Los voceros consultados señalaron que, si bien no se pudo determinar con certeza a quién se dirigió la filtración de información clasificada, resulta “razonable” sospechar que Burford Capital (el fondo que compró los derechos de los accionistas minoritarios de YPF) pudo haber sido uno de los beneficiados.
Entre las hipótesis principales que maneja el Gobierno, se incluye la posible venta del material confidencial con actores directamente interesados en la causa, según indicaron los portavoces oficiales.
La información supuestamente filtrada era de uso exclusivo interno y de carácter reservado, por lo que su divulgación pública constituyó, a juicio del oficialismo, una grave irregularidad. Los hechos denunciados ocurrieron en el contexto de las acciones legales que el Estado argentino despliega para frenar el fallo judicial que compromete el control sobre la petrolera.
Juicio por YPF: la jueza Preska rechazó la suspensión de la sentencia pedida por Argentina
Hasta ahora, el Gobierno evitó señalar públicamente a responsables concretos, aunque en ámbitos cercanos al oficialismo se deslizaron, de manera extraoficial, sospechas sobre la gestión de Carlos Zannini, al frente de la Procuración durante el mandato de Alberto Fernández, así como de funcionarios que trabajaron con él y continúan en funciones actualmente.
Procuración del Tesoro: los objetivos del nuevo organigrama
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo argumentó que la reestructuración de la Procuración “resulta indispensable por razones de gestión”. El objetivo, según detalla el texto, es mejorar la capacidad operativa del organismo, así como agilizar el cumplimiento de sus funciones, lo que incluye derogar, incorporar, homologar y reasignar cargos en distintas áreas.
La normativa también apunta a reducir el gasto público: “La medida tiene por objeto optimizar recursos, evitando el sostenimiento de una estructura burocrática innecesaria, lo que permitirá reducir costos y mejorar la calidad de la formación y actualización profesional de los Abogados del Estado”.
Causa YPF: la Corte de Apelaciones suspendió temporalmente la entrega de acciones
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, una dependencia que había sido creada para capacitar y perfeccionar técnicamente a los profesionales de la abogacía pública. Si bien el Gobierno reconoció que la Escuela “cumplió con los objetivos propuestos en su norma de creación”, sostuvo que enfrenta problemas estructurales que impiden su funcionamiento eficaz.
En su lugar, las tareas de formación y perfeccionamiento serán absorbidas por el Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP), que dependerá también de la Procuración del Tesoro y continuará con los programas de capacitación.
NG/LT