El Senado de la Nación le dio un duro golpe al gobierno de Javier Milei al aprobar, con amplia mayoría, un paquete de leyes que buscan recomponer los ingresos de los jubilados, prorrogar la moratoria previsional, declarar la emergencia en discapacidad y redistribuir fondos coparticipables como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles.
Estas iniciativas, que representan una clara defensa de los sectores más vulnerables y un desafío directo a la política de ajuste fiscal del Ejecutivo, fueron aprobadas con un contundente respaldo de 52 votos a favor, 5 abstenciones y 16 ausencias en el caso de las leyes previsionales, y 56 votos a favor para los proyectos de coparticipación.
Sin embargo, el presidente Milei ya anticipó que vetará estas normas y, en caso de que el Congreso insista, amenaza con judicializarlas, un movimiento que pone en evidencia la fragilidad de su estrategia legislativa y la creciente resistencia de la oposición y sectores aliados desencantados.
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La sesión del Senado, que no estuvo exenta de tensiones, dejó al descubierto las fisuras en el armado político del oficialismo. El bloque libertario, encabezado por La Libertad Avanza (LLA), optó por retirarse del recinto en un intento de deslegitimar la votación, bajo el argumento de irregularidades en la sesión y en los dictámenes de los proyectos.
Así y todo, la contundencia de los resultados, con apoyos que superaron los dos tercios en algunos casos, hace inviable cualquier impugnación parlamentaria. “Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no”, defendió la vicepresidenta Victoria Villarruel en la red social X, quien presidió el debate a pesar de las críticas del oficialismo, en particular de la ministra Patricia Bullrich.
El senador Oscar Parrilli, una de las voces del kirchnerismo, celebró la unidad lograda por su bloque de 34 senadores y destacó el respaldo transversal de la oposición. “Nuestro bloque logró la unidad de nuestro espacio político, con los 34 senadores presentes. Ese no es un dato menor. Y fue un gran avance en la defensa de los sectores más vulnerables a los que este Gobierno trata con tanta crueldad”, afirmó.
Parrilli subrayó la importancia de las leyes aprobadas, como el aumento del 7,2% para jubilados –que busca compensar la inflación no reconocida de enero de 2024-, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
“Es muy cruel el ataque del Gobierno”, sentenció Parrilli, al tiempo que cuestionó la discrecionalidad con la que el Ejecutivo maneja los ATN y el Impuesto a los Combustibles, fondos que las provincias reclaman con urgencia.
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La reacción de Milei no se hizo esperar. Desde la Bolsa de Comercio, el presidente ratificó su intención de vetar todas las leyes aprobadas, y calificó al Congreso como una “madriguera inmunda” habitada por “degenerados fiscales”. Además, acusó a los gobernadores de querer “destruir al Gobierno”.
“Vamos a vetar y, si el veto se cae, lo vamos a judicializar. El daño sería mínimo, apenas una mancha de dos meses que revertiremos el 11 de diciembre”, afirmó, en un tono desafiante que busca minimizar el impacto político de la derrota legislativa.
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Sin embargo, la capacidad de Milei para sostener sus vetos en el Congreso enfrenta serios obstáculos. Según el artículo 83 de la Constitución Nacional, para rechazar un veto presidencial se requieren dos tercios de los votos en ambas cámaras.
En Diputados, esto implica reunir 172 votos si están presentes los 257 legisladores, un número que la oposición, con 142 votos a favor en la media sanción del aumento jubilatorio, no alcanzó, pero está cerca de lograr.
Por su parte, el oficialismo necesita 86 votos para blindar el veto, algo que en 2024 logró gracias a los “87 héroes” -una alianza de LLA, el PRO, radicales alineados y algunos bloques provinciales- que Milei celebró con un asado en Olivos.
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No obstante, el escenario actual es más complejo. La alianza electoral entre LLA y el PRO en provincia de Buenos Aires podría alinear a algunos legisladores macristas, pero las internas dentro del bloque amarillo, con 9 diputados cercanos a Mauricio Macri que se abstuvieron en la votación previa, generan incertidumbre.
Más aún, diputados como los tucumanos Agustín Fernández, Elía Marina Fernández y Gladys Medina, que en 2024 formaron parte de los “87 héroes”, esta vez votaron a favor del aumento jubilatorio, lo que refleja el creciente malestar de los gobernadores con el Ejecutivo.
“Hay espacios políticos que antes acompañaban al Gobierno y ahora no. Ese es un dato político importante”, destacó Parrilli, y señaló el alejamiento de aliados clave como los bloques de Tucumán, Salta y Misiones.
El oficialismo confía igualmente en reunir nuevamente los 86 votos necesarios, pero fuentes cercanas a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, admiten que la cifra está lejos de estar asegurada.
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“Somos prudentemente optimistas”, declararon fuentes legislativas de La Libertad Avanza, aunque reconocen que la oposición está a solo 30 votos de alcanzar los dos tercios. La estrategia de judicialización anunciada por Milei, que incluye cuestionar la validez de la sesión y los dictámenes, aparece como un último recurso desesperado ante la posibilidad de que el Congreso insista con las leyes.
Sin embargo, esta movida tiene un alto costo político, ya que profundiza el enfrentamiento con los gobernadores y los sectores dialoguistas, además de exponer la debilidad del Gobierno para negociar en el ámbito legislativo.
La oposición, por su parte, no solo busca consolidar su mayoría, sino también enviar un mensaje claro al Ejecutivo. “No me preocupa que Milei ejerza su derecho de veto. Sí, me preocupa que diputados o senadores se den vuelta. Sería perjudicial para los jubilados y también lo sería para la política. Queda claro que hay legisladores que venden su voto al mejor postor”, advirtió Parrilli.
La presión de los gobernadores, que exigen una distribución equitativa de los ATN y el Impuesto a los Combustibles, añade otro frente de conflicto. Según la consultora Politikón Chaco, entre 2017 y 2024 se acumularon $4,3 billones en remanentes no ejecutados de los ATN, y solo 16 distritos recibieron estos fondos durante la gestión de Milei, lo que evidencia la discrecionalidad denunciada por los mandatarios provinciales.
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En este contexto, el margen de maniobra de Milei para vetar y judicializar las leyes es limitado. Si bien el Ejecutivo puede recurrir a la Justicia para dilatar la aplicación de las normas, esta estrategia no garantiza el éxito.
La pulseada en Diputados será clave, y el resultado determinará no solo el destino de estas leyes, sino también el equilibrio de poder en un año electoral que se presenta cada vez más desafiante para el Gobierno.
NG/fl