El intento de detener a Cristina Kirchner y alojarla en un calabozo durante varios días se convirtió en uno de los episodios más tensos y simbólicos de la política argentina reciente. El plan, que incluía su traslado a Comodoro Py y su permanencia en una celda, fue finalmente frustrado por la amenaza de una movilización masiva que podría haber generado una imagen de alto impacto: la ex presidenta caminando hacia los tribunales rodeada por una multitud.
Esa posibilidad, que evocaba momentos históricos de resistencia política, generó temor tanto en el Gobierno como en el Poder Judicial, y terminó por modificar el curso de los acontecimientos. La decisión de notificarla a Cristina Kirchner a distancia y permitirle permanecer en su domicilio bajo prisión domiciliaria no fue producto de una concesión humanitaria, sino de una evaluación política y de seguridad.
La imagen de Cristina Kirchner detenida, posiblemente sin esposas pero en un entorno carcelario, era vista por algunos sectores como una oportunidad para escenificar un acto de disciplinamiento político. Sin embargo, el riesgo de que esa escena se transformara en un símbolo de victimización y fortaleciera su liderazgo dentro del peronismo fue demasiado alto.
El contraste con el trato recibido por otros condenados en la causa Vialidad fue notorio. Nelson Periotti, ex director de Vialidad Nacional, de 80 años y con múltiples problemas de salud, fue alojado en una celda de la Unidad 28 en el subsuelo del Palacio de Tribunales.
A pesar de su deterioro físico —incluyendo un tumor facial, fracturas recientes y una prótesis de rodilla—, fue sometido al régimen carcelario sin contemplaciones. Su caso sirvió como evidencia de que el plan original con Cristina incluía un tratamiento similar, aunque con mayor repercusión mediática.
La defensa de la ex presidenta, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, reaccionó rápidamente. Presentaron un pedido de aclaratoria ante el Tribunal para que se defina si Cristina puede o no salir al balcón de su domicilio.
Restricción
La ambigüedad de la resolución judicial, que sugería que su presencia en el balcón “altera la convivencia pacífica del vecindario”, fue interpretada como un intento de silenciarla políticamente. Para sus abogados, esa restricción no solo carece de fundamento legal, sino que vulnera su derecho a expresarse y a mantener contacto con sus seguidores.
El episodio también puso en evidencia la tensión entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo. Mientras el Gobierno de Javier Milei intentaba evitar un “show mediático”, los sectores afines a Cristina Kirchner preparaban una movilización de gran escala.
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