El pasado 20 de marzo, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, decidió poner en vigor el nuevo Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Justicia en lo Criminal Federal, y en el de la Justicia en lo Penal Económico, con asiento en esta ciudad, a partir del 11 de agosto.
Lo cierto es que ese decreto de necesidad y urgencia le impuso también al ministro (art. 3°, inciso c) la obligación de “diseñar propuestas de readecuación edilicia, de recursos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación”.
Y, en lo que se refiere a ese diseño, o bien todavía no ocurrió o, de haberse cumplido, no se hizo conocer su resultado a los operadores del sistema; existiendo –hasta el momento– solo distintos anuncios de medidas vinculadas esencialmente a lo edilicio, todavía no concretadas. El último de ellos consistió en el anuncio por redes sociales de la posible adjudicación de un bloque edilicio en la ex-ESMA, sin que alcance a satisfacer las necesidades operativas de los fiscales, por su insuficiente superficie y por estar distante diez kilómetros de los jueces y sus salas de audiencias en Comodoro Py.
Pareciera que la premura fuera solo para concretar el anuncio y, a pesar de no contarse con los recursos, poner en marcha la reforma a como dé lugar.
Si, como comúnmente se dice, se otorga una cuota mayor de poder a los fiscales, ¿cómo se explica que sean precisamente los mismos fiscales quienes se oponen a la puesta en marcha del citado código en esa temprana fecha? No es por temor a lo nuevo o a la experiencia desconocida, pues los fiscales ante la Cámara Federal de Casación venimos trabajando en la aplicación de ese Código desde su puesta en marcha en Salta y Jujuy en 2019.
Tampoco por oposición de los fiscales de las otras instancias, sino –tal como ellos mismos lo han expresado– teniendo en cuenta los escasos recursos humanos, técnicos y edilicios, la marcha de los procesos penales contra las organizaciones criminales, el narcotráfico, la trata de personas o la corrupción, irá inexorablemente al fracaso.
Entiéndase bien: todos los fiscales estamos de acuerdo y queremos la implementación del Código Procesal Penal Federal en esta ciudad, pero también todos coincidimos en que no es posible su puesta en marcha en las actuales condiciones.
Sin recursos no puede, seriamente, encararse una reforma procesal de esta envergadura. A menos que se crea que es posible sostenerla solo con el voluntarismo ministerial, cubriendo las carencias expresadas por los fiscales tan solo atándola con alambre. Esto último no es lo que merece la administración de Justicia de la República.
El autor es fiscal federal ante la Cámara de Casación Penal