A diferencia del 90% de las provincias, Santa Fe es una de los dos distritos electorales del país, junto con Mendoza, donde el gobernador no tiene chance de reelección.
La discusión constitucional por el tema es histórica, espinosa, y ha tenido diferentes intentos de parte de los ejecutivos de turno por cambiar la letra chica de la Carta Magna. Todos fueron infructuosos.
Con una amplia victoria lograda en 2023, con el 58% de los votos, Maximiliano Pullaro logró desde el radicalismo construir un gobierno que tiene adhesión de gran parte de la opinión pública, pero también consenso en los diferentes espacios políticos.
Radical de origen, pero de mirada de gestión bien provincializada, Pullaro pudo contener dentro de su espacio a casi toda la oposición al peronismo local. Confluyen en Unidos para Cambiar Santa Fe, el radicalismo, el GEN, la Ucedé, el PRO y el socialismo, que fue gobierno a nivel provincial durante 12 años, de 2007 a 2019, y que había perdido la provincia a manos del PJ en medio de una escalada de violencia narco, concentrada especialmente en Rosario.
Video
Elecciones en Santa Fe. Maximiliano Pullaro: «Se discute el futuro de nuestra provincia»
Con una dirigente del PRO como Gisela Scaglia, vicegobernadora, como titular del Senado, y otra como Clara García, del socialismo, liderando Diputados, Pullaro supo repartir poder en este primer año y medio de gestión. Y desde allí, aunque nunca quiso hacerse cargo públicamente, comenzó a mover silenciosamente un operativo por reformar la constitución que parece conllevar su búsqueda propia por lograr la reelección en 2027.
El principal punto de la reforma constitucional santafesina que ambas cámaras legislativas avalaron a fines del año pasado es agregarle un nuevo mandato al gobernador a partir del próximo período. Así, Pullaro podría presentarse a otro período, pero no a dos más, porque se establece, como sucedió en 1994 con la reforma constitucional nacional, que sólo se podrá agregar un mandato más al actual que ya está cumpliendo como jefe provincial.
La iniciativa generó críticas de la oposición, pero un altísimo nivel de aprobación global. Serán 69 los candidatos a convencionales constituyentes que surgirán este domingo (50 por distrito único y uno por cada uno de los 19 departamentos). Las proyecciones marcan que entre 30 y 40 saldrán del pullarismo.
A tal punto parece correr con chances un segundo mandato para Pullaro que la senadora nacional Carolina Losada, hoy aliada pero hasta 2023 muy crítica rival en la interna radical, habló con los medios este domingo, cuando fue a votar, pidiendo que Pullaro pueda competir por un segundo período.
Hace dos años, Losada lo vinculaba a los narcos que copan Rosario desde hace una década pero que en la actual gestión empezaron a perder poder y el control de las calles en la que es una de las tres ciudades, con Buenos Aires y Córdoba, más importantes del país, en términos económicos, pero también a nivel cultural y productivo.
Otros cambios que propone la reforma
En un paper que difundieron desde el gobierno santafesino, se explicitan varios de los cambios, además de la posibilidad de reelección del gobernador, que propone una reforma constitucional.
En materia de seguridad y justicia, el argumento es que la actual Carta Magna sólo incluye un renglón sobre el tema. «Es lógico porque hace 62 años la inseguridad no era un problema para la sociedad», detallan. Y revelan que «ahora necesitamos una Constitución que nos permita hacer más en la lucha contra el narcotráfico, la prevención del lavado de activos y todas las actividades ilícitas que se desarrollan en ese contexto».
Se busca, así, «incorporar el derecho a la seguridad pública», «más herramientas legales para controlar las cárceles», «reconocer los derechos de las víctimas», «juicios por jurados en materia penal», «principios de profesionalización y transparencia en el rol de las fuerzas de seguridad», «fortalecer el Ministerio Público de la Acusación, dándole autonomía y autarquía para garantizar independencia a los fiscales en su trabajo» e «incorporar criterios de seguridad digital y contra los cibercrímenes».
En cuestiones de responsabilidad fiscal, sostienen, se busca que «los gobernantes administren el dinero público con transparencia». «Queremos consagrar el principio de responsabilidad fiscal para que no haya más «planes platita”, incluir principios tributarios de legalidad, no confiscatoriedad, solidaridad y progresividad», más «equilibrio, sostenibilidad y transparencia de las cuentas públicas».